Fracasó la negociación que encabezó Kicillof y anoche se trabó la posibilidad de que un grupo de bancos privados argentinos compre la deuda, de unos US$ 1700 millones; en la City afirman que el duro discurso del ministro entorpeció las conversaciones

Después de una jornada cargada de versiones contrapuestas que llegaron a ilusionar a los inversores y motivar durante la rueda una fuerte escalada de los activos financieros argentinos, el ministro de Economía, Axel Kicillof, echó por tierra cualquier posibilidad de arreglo con los llamados fondos buitre. Y el país cayó en default por segunda vez en menos de quince años.

«Les ofrecimos que entren al canje de 2005 y 2010», pero «no fue aceptada esa oferta porque quieren más», dijo Kicillof, que aprovechó gran parte de la conferencia de prensa que dio en Nueva York tras reunirse con los holdouts y el mediador designado, Daniel Pollack, para cargar en contra del juez Thomas Griesa por haber formado «un rompecabezas jurídico» que produce una situación «que nadie sabe caracterizar» y para cuestionar a las calificadoras de riesgo, que más temprano ya habían advertido que el país había entrado formalmente en «default selectivo».

Pero el propio Pollack, en el mismo momento que Kicillof hablaba desde el consulado argentino, también difundió un comunicado en el que decía que, al no haber llegado a una solución, la Argentina caería «inminentemente en default». Más aún, advirtió que, además de las cuestiones técnicas, una cesación de pagos era un evento «real», con consecuencias «dolorosas» para la población.

«Sinceramente desconocía el comunicado de Pollack», espetó Kicillof al enterarse del texto por boca de la prensa. «Me veo sorprendido, ingratamente sorprendido por ese comunicado, que parece escrito para favorecer a una de las partes», sentenció.

Sólo hacia el final de su alocución, y tras haber asentado la idea de que el Gobierno no cedería en su postura ante los holdouts, Kicillof dejó abierta la posibilidad de que se dé algún acuerdo entre «terceros», en referencia a las negociaciones que a lo largo de toda la jornada habían estado llevando a cabo bancos privados de capital nacional directamente con abogados del fondo NML Capital de Elliot, el de mayor peso en el litigio en contra del país.

En representación de las entidades locales habían viajado a Nueva York Sebastián Palla, director del Banco Macro y ex subsecretario de Finanzas de Roberto Lavagna, y María José Van Morlegan, adscripta a la presidencia también del Macro. La iniciativa de los privados, que tiene Jorge Brito, presidente del Macro y de Adeba (la Asociación de Bancos de Capital Nacional), como cara visible, había sido en rigor motorizada por el presidente del Banco Central (BCRA), Juan Carlos Fábrega.

Según confiaron fuentes del sector financiero a la nacion, minutos antes de la conferencia de prensa del ministro, el acuerdo entre los bancos y Elliot estaba prácticamente sellado.

En principio, las entidades agrupadas en Adeba estaban dispuestas a comprarles la deuda a los fondos buitre, valuada en US$ 1750 millones, integrando un primer pago de US$ 200 millones que se complementaría con otros dos: uno de US$ 300 millones en septiembre y otro de US$ 100 en noviembre.

A partir de 2015, una vez vencida la cláusula RUFO -que habilita a los bonistas del canje a reclamar legalmente si es que el Gobierno ofrece mejores condiciones a otro acreedor-, la Argentina cubriría el resto de los pagos y les compraría la parte a las entidades privadas.

Pero, dejaron trascender en la City, el duro discurso de Kicillof habría minado a última hora la propuesta de los bancos. Las acciones argentinas que se negocian después de hora en el mercado de Nueva York reaccionaron inmediatamente con fuertes bajas.

«No estaba claro en el discurso que el Gobierno iba a darnos su apoyo», esgrimió un banquero. «Lo que no entiende Kicillof es que cada uno de sus exabruptos nos cuesta 100 millones de dólares», deslizó la fuente con la condición de no ser identificada.

Y es que, ante el temor de que el gobierno argentino no vaya a cumplir a partir de enero con su parte del trato, los holdouts les habrían reclamado a los bancos un pago de por lo menos US$ 900 millones (y ya no de US$ 600 millones), lo que habría trabado las negociaciones.

«Pasado mañana [por mañana] será el nuevo «Día D»», afirmó otro banquero. «Mientras tanto, los negociadores frenaron todo esperando nuevas instrucciones», aseveró, críptico.

Así las cosas, para algunos operadores, las tratativas entre los banqueros privados y los holdouts no estarían así del todo perdidas.

Hay quienes incluso especulaban anoche con la posibilidad de que se reanuden después del lunes, que es cuando está previsto que se reúna el Comité de Derivados del ISDA, como se conoce el organismo internacional encargado de determinar si un evento puede ser considerado como default y, por ende, disparador de los pagos de los seguros contra cesación de pagos (CDS, tal como se conocen en la jerga financiera).

«En ese comité hay un representante de Elliot. No sería extraño que el fondo haya contratado seguros contra default, espere para cobrarlos y luego también busque arreglar con los bancos. Tendría una ganancia por partida doble», señaló un operador, que conoce de cerca el funcionamiento de los fondos del exterior.

Para la calificadora Standard & Poor’s, al menos, ayer no quedaban dudas: la Argentina estaba nuevamente en «default selectivo».

LA CARTA QUE PLANEARON LOS BANCOS

Durante la tarde, el texto estaba circulando entre los asociados de Adeba, que se anticipaban a un acuerdo con los buitres