Mientras el corpus de proyectistas del Gobierno -ahora sí- sacan cuentas de las mayores probabilidades que tienen de avanzar en materia política e impulsar las leyes del arrepentido, extinción patrimonial y blanqueo, además de consolidar acuerdos con gobernadores y flamantes bloques de legisladores surgidos de las fracturas incipientes en el Frente para la Victoria, en cuestiones de raigambre económica el rumbo no parece tan definido.
Por un lado, la prospectiva del blanqueo sí se presenta como promisoria: a lo largo de las últimas semanas, una lluvia de consultas en los bancos y sociedades de bolsa parece decantar que efectivamente habrá importante volumen de voluntades (personas físicas y jurídicas) que declararán su patrimonio, hasta ahora anónimo.
En rigor, en el Gobierno piensan que la mayoría de los futuros contribuyentes que adherirán al blanqueo de capitales optará por dejar su dinero fuera del país y pagará la alícuota general del 10% en lugar de invertir en títulos públicos. Según encuestas que encargó el Palacio de Hacienda, solamente una de cada cuatro adhesiones al blanqueo será con repatriación de fondos.
Entre los argumentos que lucen a contramano, figura que la tasa del bono que se ofrece debería ser mayor, toda vez que los bonos incluidos en el blanqueo son uno a tres años con cupón cero y otro a seis años que comienza a devengar interés al tercer año, al 5% anual.
Por otro lado, circula la propuesta de que a la hora de suscribir un fondo común de inversión, éste debería venir de la mano de eximir esa inversión del impuesto a los bienes personales. También se discute si en el blanqueo de inmuebles la valuación debe respetar el valor de la adquisición en lugar del valor de mercado.
Pero el dato central que sorprende en la City es que gran parte de los interesados señala desconfianza en la capacidad que registran los resortes del Estado para guardar bajo siete llaves la flamante información patrimonial que verá la luz una vez puesto en marcha el blanqueo. La inseguridad y el temor a la ola de secuestros es el factor que mayor peso tiene en la decisión de familias y empresas para repatriar esos recursos. Con todo, en la AFIP entusiasma las posibilidades recaudatorias que podrían derivar de los resultados.
La «herencia recibida» y su continua erosión en materia económica es otra de las cuestiones a resolver. La ventana de tiempo que regaló el caso López para despejar las afiladas críticas del sector más duro de la oposición en materia económica -en las últimas semanas, el kirchnerismo- sí podría ser utilizada en términos políticos para acercar posiciones en el ámbito del Congreso. Claro está que, por la misma razón, la cada vez más lejana probabilística K para poner un candidato en las próximas elecciones ha acelerado los procesos biológicos del peronismo para sacar a relucir su nueva epidermis, es decir, para encontrar un candidato que promueva cierto liderazgo.
Sin embargo, el desafío vendrá de la respuesta que arrojen variables tan sensibles como la inflación, la actividad económica y el consumo, ninguna de ellas a la altura de satisfacer las expectativas generadas por el propio Gobierno en materia «semestral».
Por ejemplo, hay quienes en los despachos gubernamentales anticipan un guarismo inflacionario para fin de año por debajo de 1,5% mensual, si bien omiten señalar que ello sólo podría tener lugar con una dramática y sustancial caída del consumo, es decir, un congelamiento de la actividad económica de tintes recesivos. En ese contexto, el atraso cambiario sería una condición implícita, ya que para muchos, incluido algunos funcionarios de alto rango del gabinete económico, el Gobierno se está comprando un problema al reciclar el recurso K de utilizar el tipo de cambio como ancla inflacionaria.
El dato de algunos economistas dados a las redes sociales es que después del abaratamiento inicial por la liberación del cepo, la Argentina se volvió a poner tan cara como a fines de 2013, es decir, poco antes de que la entonces presidenta Cristina Kirchner incumpliera su promesa de nunca devaluar y lo hiciera en enero de 2014.
Trascendidos de diversas reuniones que mantuvo en las últimas horas el ministro de Energía Juan José Aranguren con empresarios revela que el ex directivo de Shell promete un tipo de cambio en $ 15,50 para fin de año, lo que implica una devaluación del diez por ciento para el resto del año. En la traducción, se trata de la confirmación del sospechoso escenario de atraso cambiario que otros sectores del Gobierno ponen en duda. En rigor, en el gabinete económico hay quienes ponen las manos en el fuego por Prat Gay al señalar que no atará el peso al dólar como en la convertibilidad o el final del kirchnerismo, y que el presidente del BCRA Sturzenegger tampoco piensa mantener las tasas altas de interés de las letras Lebac por mucho tiempo, si bien para la City tampoco puede darse un escenario de tasas de interés negativas en términos reales, un dato positivo para aquellos personajes dados al ciclismo financiero.
Para algunos, en los próximos días podría volverse a importar trigo, tal y como ocurrió hace una semana. Luego de 43 años, la Argentina ingresó en el país 290 toneladas de trigo y lo hizo desde Uruguay. La última vez que había entrado trigo en el país había sido en 1973 desde los Estados Unidos, con casi 500.000 toneladas, y en esa oportunidad obedeció a la necesidad de cumplir compromisos externos ante la escasez de mercadería en el país. Más allá de la caída en la calidad del cereal -que habría motivado las compras-, las adquisición de los molinos para el mercado interno son, en principio, más bajas que las realizadas a esta altura, el año pasado.
Según datos de la consultora Agritrend, la industria molinera lleva compradas hasta ahora un 30% menos de trigo que lo registrado en igual mes del año pasado. Es decir que, mientras cayeron las compras internas de los molinos, subieron de manera sustancial las exportaciones de trigo: se exportó hasta el momento 5,6 millones de toneladas, un 115% más.
El capítulo remite parcialmente a otro que pocos conocen. El pan negro que se elabora a base de harinas con mezclas de trigo, mijo y centeno seguramente quedó en los libros de historia como la resultante de la escasez pero también de la falta de divisas.
Hace 60 años, y con el objetivo económico de insuflar el resultado de las exportaciones y, por ende, el ingreso de dólares en un contexto crítico, el presidente Juan Domingo Perón decidió otorgarle incentivos al agro y llamó a la población a comer pan negro. ¿El argumento? Reactivar el flujo de las ventas al exterior de trigo, que de esa forma era consumido menos a nivel doméstico. La receta dictada por Perón era utilizar menos trigo, y en su lugar reemplazarlo por algo de mijo y centeno. La experiencia quedó en la historia como una resultante del fracaso en el manejo de la política económica y la falta de divisas.
Correlato del actual contexto, al asumir la presidencia el Gobierno decidió quitarle las retenciones al trigo. El incremento del negocio exportador y la suba de los precios llevaron a algunos funcionarios a amenazar con la importación del cereal, bajo la idea de aliviar a los consumidores. ¿Vendrá el pan negro?
